25 de enero de 2010

Derecho a copia

En su afanosa búsqueda de la excelencia, entiéndase la ironía, la última e ingeniosa aportación de la universidad española para la erradicación del mérito en el ámbito educativo acaba de surgir en Sevilla. A priori, el lector familiarizado con el normal discurrir de la vida universitaria juzgará difícil que algo pueda sorprenderle, pero nada es imposible para la horda infectada, que siempre se supera. Y es que la Universidad de Sevilla acaba de aprobar una normativa que garantice los derechos de los alumnos que copian en los exámenes. [1]


Tan garantista directriz trata de regular una situación que hasta ahora parecía no necesitar de muchas aclaraciones: si un alumno era sorprendido copiando, se le expulsaba del aula y suspendía el examen directamente. La medida parecía de lo más lógica y no era discutida ni siquiera por el autor del fraude, que asumía las consecuencias en el mismo momento en que "sacaba la chuleta". Ahora, mentes preclaras en la Universidad Hispalense han conseguido perfeccionar el sistema para desgracia de los más reticentes al imparable avance de la democracia y el progreso: si el profesor descubre a un alumno copiando, se limitará a "retener el material, sin destruirlo" [2] y permitirá que continúe realizando el examen. Posteriormente, un tribunal compuesto por 3 profesores y 3 alumnos con igualdad de voto [3], decidirá si el incidente es merecedor de sanción. [4]

Ante el aluvión de críticas, algunas inesperadas por lo sorprendente de su origen [5] [6], la Universidad de Sevilla anuncia ahora que ha decidido revisar la normativa. Han sido malinterpretados, no querían decir lo que dijeron. Su intención no era transmitir a los alumnos que existe el derecho a copiar en los exámenes, aunque sea eso precisamente lo que todo el mundo ha entendido.

Puede suponerse que serán mucho más claros tras la nueva revisión de la norma. Sus conclusiones interesarán a quienes estén considerando la posibilidad de pertenecer a esta institución, principalmente porque aspira a transmitir conocimiento bajo la leyenda "La formación que necesitas, con la calidad que mereces".

Y si se puede copiar, su lema se lee con otros ojos.

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[1] Otro de los logros estudiantiles alcanzados gracias a esta norma implica que no será necesaria la asistencia presencial a clases teóricas para aprobar la asignatura.

[2] La norma recuerda que está prohibido requisar los teléfonos móviles, dado que contienen datos personales. Nada dice respecto a cómo retener las "chuletas" escritas en diferentes partes del cuerpo sin mutilar al alumno. Tampoco está muy claro cómo retener una conversación cuando un estudiante le diga las respuestas a otro. El lector imaginará otros ejemplos en los que una estricta aplicación de la normativa será complicada.

[3] Probablemente también paritario.

[4] Sorprende que los alumnos, en su magnanimidad, hayan transigido en la composición del tribunal: aceptan que esté constituido por un mismo número de profesores y estudiantes aun siendo éstos últimos mayoría en la comunidad universitaria. A ojos del necio, un criterio mucho más "democrático" tendría cuenta este hecho, otorgando a los alumnos una clara mayoría atendiendo a su mayor representatividad. Resulta llamativo que ningún docto dirigente estudiantil haya esgrimido todavía un argumento tan simplista.

[5] La ocurrencia es tan absurda que incluso instituciones como la Junta de Andalucía o personajes como Gaspar Llamazares, siempre en vanguardia a la conquista de nuevos "derechos", se han opuesto abiertamente a la iniciativa.

[6] Lo cual no ha evitado la aparición de defensores de la norma. Parte de la horda utilizó el manido "quién no ha copiado alguna vez" o apeló a un teórico "2% de casos en los que el estudiante es expulsado del examen injustamente" para justificar la brillante idea.

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